Bienes públicos, sanciones y costos de coordinación

Módulo 28. Juegos evolutivos y cooperación

1. Producir algo compartido requiere decisiones individuales

Una tarea colectiva puede beneficiar a personas que no participaron en ella. Mantener una infraestructura, generar información accesible o reducir una fuente compartida de contaminación son ejemplos posibles, aunque cada caso tenga reglas de acceso y costos diferentes. Cuando el beneficio no puede reservarse fácilmente a quienes contribuyen, aparece una dificultad de incentivos, porque cada participante puede preferir que otros sostengan la tarea.

Conviene distinguir bienes públicos y recursos de uso común. En el primer caso, el problema típico es financiar o producir un beneficio cuyo uso por una persona no reduce necesariamente el disponible para otras. En el segundo, el recurso puede agotarse o congestionarse mediante extracción. Ambos pueden presentar dificultades de exclusión, pero sus dinámicas materiales son diferentes. Tampoco debe confundirse una propiedad compartida con ausencia de reglas de acceso.

La teoría de juegos permite representar esas decisiones mediante pagos y reglas institucionales. Una institución puede cambiar el juego al modificar quién participa, qué se observa y qué ocurre después de contribuir o incumplir. Que una regla pueda escribirse en una ecuación no implica, sin embargo, que pueda financiarse, aplicarse de manera fiable o mantenerse frente a alternativas.

Las sanciones son una de esas modificaciones. Pueden reducir la ventaja de no contribuir, pero también consumen recursos, producen errores y generan respuestas estratégicas. Una multa elevada puede disuadir una conducta si existe una probabilidad creíble de aplicación. Si la vigilancia es costosa o los participantes pueden eludirla, la amenaza escrita puede tener poco efecto.

La coordinación introduce otra dificultad. Algunas tareas requieren suficientes contribuciones simultáneas para funcionar. Otras necesitan acordar quién hace qué, de modo que una contribución adicional puede ser redundante. En esos casos, elevar indiscriminadamente todos los aportes no siempre maximiza el resultado colectivo. La forma de producción del bien determina qué conducta necesita explicarse.

Este capítulo desarrollará ejemplos numéricos para separar esos problemas. Comenzaremos con un bien público lineal, pasaremos a una tarea con umbral y después incorporaremos vigilancia y sanciones. Los modelos permitirán identificar incentivos, pero la evaluación final también considerará costos y distribución de resultados. La evidencia experimental mostrará qué aspectos pueden estudiarse, aunque un resultado de laboratorio no es una regla universal para instituciones reales.

2. El incentivo en un bien público lineal

Reunamos a cinco participantes. Cada uno puede aportar una unidad a un fondo común, que se multiplica por tres y se reparte por igual entre todos. Si una persona mantiene constantes las decisiones de sus cuatro compañeros, contribuir aumenta su retorno del fondo en tres quintos, pero le cuesta una unidad. Su cambio neto de pago es menos dos quintos.

Para el conjunto, en cambio, la unidad aportada se convierte en tres y cuesta una, por lo que aumenta el resultado neto total en dos. La contribución es productiva para el conjunto y desfavorable para quien la realiza cuando los demás no cambian su conducta. Esa divergencia define el dilema de incentivos de este ejemplo.

Si todos contribuyen, cada persona recibe tres del fondo, paga una y obtiene dos. El resultado neto total es diez. Si nadie contribuye, todos obtienen cero. Si cuatro contribuyen, el fondo produce doce y cada integrante recibe dos coma cuatro. Los contribuyentes obtienen uno coma cuatro y quien no aportó obtiene dos coma cuatro.

La comparación entre personas dentro de ese último grupo muestra una diferencia de una unidad. El efecto de que una misma persona cambie su decisión, manteniendo a los otros constantes, es en cambio menos cero coma cuatro. Los dos cálculos no se contradicen. El primero compara posiciones dentro de un grupo con cuatro aportes; el segundo compara dos grupos contrafactuales cuya producción difiere en una contribución.

Confundir ambas comparaciones al construir modelos evolutivos o experimentales puede llevar a asignar un costo marginal incorrecto. El costo que corresponde depende de qué cambia cuando se sustituye una estrategia y de cómo se forman los grupos. En una población grande con grupos aleatorios, el efecto esperado puede derivarse manteniendo la misma distribución de compañeros para las dos alternativas.

Para n participantes, contribución de costo c y multiplicador r, el cambio privado es rc dividido por n menos c. El cambio colectivo es rc menos c. El conflicto aparece cuando r es mayor que uno y menor que n. La fórmula depende de reparto igualitario y producción lineal; cambiar cualquiera de esas reglas modifica los incentivos.

El modelo no incorpora satisfacción por contribuir, obligaciones morales ni beneficios futuros. Si esas consecuencias forman parte de la conducta observada, deben añadirse o estudiarse por separado. Su ausencia aquí permite aislar el incentivo material inmediato, pero no autoriza a interpretar toda decisión humana como maximización exclusiva de ese pago.

3. Una tarea que necesita un número mínimo de aportes

Imaginemos ahora que el proyecto solo funciona si contribuyen al menos tres de las cinco personas. Cada contribuyente paga una unidad. Si se alcanza el umbral, cada participante recibe un beneficio de tres; si no se alcanza, nadie recibe beneficio y las contribuciones se pierden. Esta regla produce incentivos distintos de los del fondo lineal.

Si exactamente dos de los otros cuatro participantes contribuyen, el participante focal es decisivo. Al contribuir activa el proyecto, recibe tres y paga uno, con un pago neto de dos. Al abstenerse recibe cero, de modo que contribuir le da una ventaja de dos unidades. Si menos de dos compañeros contribuyen, su aporte no alcanza el umbral y pierde una unidad. Si tres o más ya contribuyen, el proyecto funciona sin él y su aporte también reduce su pago en una unidad.

Contribuir es ventajoso cuando la probabilidad de ser decisivo es suficiente. Supongamos que cada uno de los otros cuatro contribuye independientemente con probabilidad p. La probabilidad de que exactamente dos lo hagan es seis veces p al cuadrado multiplicado por el cuadrado de uno menos p. La diferencia esperada entre contribuir y abstenerse es

El término positivo refleja el beneficio de activar el proyecto cuando el focal es decisivo; el término negativo es el costo que paga en todos los casos.

Con p igual a un medio, la probabilidad de ser decisivo es tres octavos y la diferencia esperada es un octavo. Con p igual a cero coma dos o cero coma ocho, la diferencia es −0,5392. La contribución pierde atractivo cuando parece muy improbable que se alcance el umbral y también cuando parece casi seguro que otros lo alcanzarán.

El resultado colectivo tampoco mejora necesariamente con el máximo número de contribuyentes. Si contribuyen exactamente tres, el beneficio total es quince y el costo total tres, con un resultado neto de doce. Si contribuyen los cinco, el beneficio sigue siendo quince, pero el costo sube a cinco y el resultado neto baja a diez. Una asignación coordinada de tres contribuyentes puede ser más eficiente que la contribución universal.

Asignar esos papeles plantea, no obstante, una pregunta distributiva. Quienes contribuyen obtienen dos y quienes no lo hacen obtienen tres. Una rotación de responsabilidades, una compensación o un acuerdo previo puede repartir la carga. La coordinación puede necesitar reglas adicionales aunque todos reconozcan que el proyecto conviene.

Una medida de cooperación basada solo en el número de aportes puede, por tanto, ser insuficiente. Hay que relacionar las acciones con la tecnología de producción, el umbral y la distribución de costos.

4. Una sanción financiada de manera central

Regresemos al bien público lineal de cinco participantes, donde la desventaja marginal de contribuir es cero coma cuatro. Supongamos una institución que detecta y sanciona a un no contribuyente con probabilidad q y le impone una pérdida F. Por el momento, los contribuyentes nunca son sancionados y todos pagan el mismo costo de mantenimiento institucional.

La diferencia de pago entre contribuir y abstenerse, manteniendo las acciones ajenas constantes, se convierte en

La contribución tiene ventaja si la pérdida esperada por incumplir supera cero coma cuatro. Con q igual a un medio y F igual a uno, la diferencia pasa a ser positiva, de cero coma uno.

El cálculo requiere la probabilidad con que la sanción se aplica efectivamente. Si los participantes pueden ocultar acciones o si la institución carece de recursos, q puede ser menor que el valor previsto. También puede variar entre personas. Una multa formalmente igual para todos puede producir incentivos distintos cuando la probabilidad de detección o la valoración de la pérdida difieren.

El costo de mantenimiento no desaparece porque se cancele en la comparación individual. Si cada persona paga cero coma dos para sostener la institución y todos contribuyen, su pago neto baja de dos a uno coma ocho. La cooperación puede aumentar mientras una parte del beneficio se consume en vigilancia y administración. Para evaluar eficiencia necesitamos restar esos costos.

Hay que especificar qué ocurre con la multa. En algunos experimentos, sancionar destruye unidades de pago. En una institución monetaria, la multa puede transferir recursos a otra entidad. Una transferencia no es automáticamente una pérdida social de la misma magnitud, aunque su recaudación y sus consecuencias puedan tener costos. Sumar multas como recursos destruidos sin justificarlo puede distorsionar el balance colectivo.

La amenaza puede ser eficaz sin aplicarse con frecuencia si modifica las decisiones, siempre que los participantes crean en su aplicación fuera del equilibrio. Un sistema que deja de financiar vigilancia cuando desaparecen incumplimientos puede perder credibilidad y permitir su retorno. Mantener la capacidad de sanción forma parte del problema dinámico.

Por último, si financiar la institución es voluntario, aparece otra decisión colectiva. Cada persona puede beneficiarse de la vigilancia pagada por otras. El modelo central resuelve un incentivo solo después de asumir una forma de financiación. Explicar esa financiación requiere ampliar el juego.

5. Castigo entre participantes y segundo orden

Consideremos ahora sanciones aplicadas por los propios participantes. Distinguiremos tres tipos. El tipo P contribuye y castiga a quienes no contribuyen; el C contribuye, pero no castiga; el D no contribuye. Cada sanción cuesta cero coma dos al castigador y reduce en cero coma seis el pago del sancionado. Los pagos se destruyen, como en una tecnología experimental hipotética.

Tomemos un grupo con tres P, un C y un D. Hay cuatro contribuciones al fondo lineal, por lo que cada persona recibe dos coma cuatro. Cada P paga una unidad de contribución y cero coma dos para castigar al único D, de modo que obtiene uno coma dos. El C paga solamente la contribución y obtiene uno coma cuatro. El D recibe tres sanciones, pierde uno coma ocho y termina con cero coma seis.

El castigo hace que D obtenga menos que los contribuyentes en este grupo. Sin embargo, C obtiene más que P porque disfruta del efecto disciplinario sin pagar su costo. Aparece así el problema de segundo orden, en el que sostener un mecanismo que favorece la contribución puede requerir otra contribución que también se puede evitar.

La comparación depende de que haya alguien a quien castigar. En un grupo formado solo por P y C, si no existen costos fijos de vigilancia, nadie aplica sanciones y ambos tipos obtienen el mismo pago. La ausencia de una ventaja estricta de P no implica que C lo desplace determinísticamente de inmediato. Puede haber neutralidad, deriva o cambios que se manifiesten cuando vuelva a aparecer D.

Pasemos al balance colectivo del grupo mixto. Antes de sancionar, los cuatro contribuyentes obtienen uno coma cuatro cada uno y D obtiene dos coma cuatro, con una suma de ocho. Las tres sanciones consumen cero coma seis de los castigadores y uno coma ocho del sancionado. El total posterior es cinco coma seis. En esa ronda, castigar reduce el resultado agregado.

Una justificación dinámica podría ser que la reducción actual desalienta incumplimientos futuros y permite recuperar más beneficios después. Esa hipótesis debe evaluarse con el horizonte completo. Que el castigo aumente las contribuciones no implica que mejore las ganancias netas si sus costos son persistentes o si activa represalias.

Fehr y Gächter estudiaron experimentalmente el castigo costoso y la cooperación humana en condiciones diseñadas para examinar esas conductas [1]. Sus resultados hicieron relevante explicar por qué algunas personas sancionan aun cuando hacerlo tiene un costo. El término altruista usado en ese contexto describe una relación de costos y beneficios dentro del diseño; sin otra evidencia, no identifica una motivación psicológica única.

6. Errores, represalias y sanciones dirigidas al objetivo equivocado

Una institución puede sancionar a personas que sí contribuyeron o dejar sin sanción a quienes no lo hicieron. Si d es la probabilidad de sancionar a un no contribuyente y f la de sancionar a un contribuyente, la diferencia de incentivo del modelo central es

La capacidad discriminativa depende de la diferencia entre ambas probabilidades. Aumentar sanciones por igual para todos no necesariamente mejora el incentivo de contribuir.

Con d igual a un medio, f igual a cero coma uno y F igual a uno, la diferencia es exactamente cero; la institución que parecía suficiente cuando nunca cometía errores deja de producir una ventaja estricta. Si la multa sube a uno coma dos, la diferencia pasa a cero coma cero ocho, aunque también aumenta la pérdida esperada de los contribuyentes sancionados por error.

La evaluación debe incluir esas pérdidas y su distribución. Un promedio favorable puede ocultar que ciertos participantes soportan errores con mayor frecuencia. Si las personas pueden impugnar decisiones, el procedimiento de revisión tiene costos, pero también puede mejorar precisión y legitimidad. Esas consecuencias no se resumen necesariamente en la magnitud de la multa.

En el castigo entre pares, las sanciones pueden dirigirse contra quienes contribuyen más. Herrmann, Thöni y Gächter documentaron variación entre muestras en castigo antisocial, entendido en su diseño como sanción dirigida a contribuyentes relativamente cooperadores [2]. Que exista una oportunidad de castigar no garantiza que se use para sostener el bien público.

La represalia puede crear otra secuencia costosa. Una persona sancionada puede castigar al sancionador en una ronda posterior, aunque la sanción inicial buscara desalentar incumplimiento. Si el modelo excluye esa posibilidad, su resultado depende de esa exclusión. Introducir memoria e identificación puede facilitar cooperación, pero también permitir venganzas dirigidas.

El significado de una contribución también puede ser disputado. Si el aporte de una persona es difícil de observar o si existen capacidades diferentes, una regla que sanciona cantidades bajas puede confundir falta de recursos con falta de disposición. Un modelo de contribuciones idénticas y observables no incorpora automáticamente esas situaciones.

Por eso la eficacia institucional exige, además de una penalización suficiente sobre el papel, información adecuada, reglas interpretables y mecanismos que limiten usos contraproducentes. Al comparar instituciones hay que considerar cuánto disminuye el pago de quien recibe una sanción y también cómo responde la conducta a esas características.

7. Comunicación, acuerdos y reparto de responsabilidades

La comunicación puede modificar un problema colectivo sin cambiar inmediatamente los pagos materiales. Permite compartir información sobre necesidades, coordinar expectativas y acordar quién realizará una tarea. En el proyecto con umbral de tres contribuyentes, un acuerdo de reparto puede evitar tanto el fracaso por aportes insuficientes como el gasto redundante de cinco contribuciones.

Un acuerdo, sin embargo, no garantiza el cumplimiento. Si los compromisos son observables y las relaciones continúan, incumplir puede tener consecuencias reputacionales. Si la comunicación es anónima y no vinculante, sus efectos pueden depender de normas o expectativas compartidas. La explicación debe identificar qué cambia después de hablar, porque no toda comunicación es un contrato ejecutable.

Ostrom, Walker y Gardner estudiaron experimentalmente combinaciones de comunicación y oportunidades de sanción en problemas de recursos compartidos [3]. Su trabajo ayuda a separar la existencia de una autoridad externa de la posibilidad de que los participantes construyan acuerdos y mecanismos internos. De él no se sigue que cualquier grupo pueda gobernar cualquier recurso en cualquier condición.

La claridad de los papeles puede reducir costos de coordinación. Si todos esperan que alguien más realice una tarea, el proyecto puede fracasar aunque cada persona estuviera dispuesta a hacerla si le correspondiera. Una asignación explícita elimina parte de esa incertidumbre. La rotación puede distribuir costos entre períodos y evitar que el mismo participante soporte siempre la carga.

Podemos calcularlo en el ejemplo del umbral. Tres contribuyentes obtienen dos cada uno y dos no contribuyentes obtienen tres. Si durante cinco rondas se organizan quince contribuciones de modo que cada persona aporte en tres rondas y se abstenga en dos, todos reciben el mismo pago acumulado, tres veces dos más dos veces tres, es decir, doce. Así se conserva la eficiencia de tres aportes por ronda y, en esas condiciones, la carga se reparte por igual.

La rotación requiere seguimiento y una expectativa de permanencia suficiente. Si algunos participantes abandonan antes de cumplir su turno, el reparto puede volverse desigual. Una institución puede necesitar garantías o ajustes para entradas y salidas. El cálculo de una secuencia completa no asegura que cada paso sea individualmente aceptable sin condiciones adicionales.

La comunicación también consume tiempo. En tareas pequeñas o urgentes, una negociación prolongada puede costar más que cierta redundancia. En tareas repetidas, una inversión inicial en reglas puede amortizarse. La escala temporal determina cuánto conviene coordinar y qué información merece recopilarse antes de actuar.

8. Elegir instituciones y evaluar evidencia

Las personas no siempre reciben reglas fijas. A veces pueden elegir entre grupos con distintos mecanismos de contribución y sanción. Esa elección añade una dinámica de composición, porque los participantes pueden desplazarse hacia instituciones con mejores expectativas mientras sus decisiones modifican el desempeño de esas instituciones.

Gürerk, Irlenbusch y Rockenbach estudiaron una competencia experimental entre entornos con y sin oportunidades de sanción, incluyendo recompensas y castigos entre pares [4]. La comparación permitió observar cómo cambiaban tanto la elección institucional como las contribuciones. El resultado corresponde a un diseño específico, con información, pagos y posibilidades de movilidad determinados.

Una replicación en siete laboratorios y con 1.008 participantes volvió a examinar ese diseño. Lo Iacono y colaboradores informaron que los criterios prerregistrados de replicación se cumplieron conjuntamente en cinco laboratorios; en los otros dos, los resultados fueron más débiles [5]. La evidencia amplía la base del hallazgo dentro del contexto europeo estudiado, pero conserva límites de población y diseño. Seis laboratorios trabajaron de forma presencial y el de Núremberg, en línea; esa diferencia de modalidad también debe constar al describir la replicación.

La distinción entre contribuciones y beneficios netos sigue siendo necesaria. Una institución puede atraer participantes porque promete disciplina y, sin embargo, consumir recursos al principio. También puede volverse más eficiente después, cuando el cumplimiento reduce la necesidad de sancionar. Un promedio único no distingue esos costos iniciales de los beneficios posteriores.

La movilidad selecciona participantes además de reglas. Si las personas más dispuestas a contribuir se trasladan a una institución, parte de su éxito puede deberse a composición. Eso no vuelve irrelevante el resultado, porque atraer y retener participantes puede ser una función institucional importante. Con todo, una interpretación causal debe separar el efecto de las reglas del efecto de quiénes eligen someterse a ellas.

También cuenta la información disponible. Elegir entre instituciones con resultados visibles no es lo mismo que hacerlo sin experiencia previa. Si los participantes conocen contribuciones y ganancias de ambos entornos, pueden aprender de esa comparación. Una institución real con resultados opacos o costos de salida elevados enfrenta otras condiciones.

La evidencia experimental es más útil cuando se conecta con esas características concretas. Permite preguntar qué mecanismos sobreviven a cambios de costos, información o composición y cuáles dependen de un entorno estrecho. La generalización debe apoyarse en nuevas pruebas que conserven o modifiquen deliberadamente los elementos que la teoría considera decisivos.

9. Una auditoría de incentivos y recursos

Para evaluar una propuesta institucional conviene construir dos balances separados. El primero compara qué obtiene una persona al contribuir o incumplir, manteniendo explícitas las respuestas de otros. El segundo suma recursos y pérdidas del conjunto. Una intervención puede mejorar el primer balance a favor de cooperación y empeorar el segundo si sus costos superan los beneficios adicionales.

En el modelo central, una sanción esperada de cero coma cinco supera la ganancia privada de cero coma cuatro al incumplir. Esa desigualdad resuelve la comparación individual. Para saber si la institución mejora el resultado colectivo, hay que estimar además cuánto aumenta la contribución, cuánto cuesta vigilar y qué pérdidas produce su aplicación.

Un balance hipotético permite reunir esas cantidades. Supongamos que una intervención eleva la frecuencia de contribución del veinte al ochenta por ciento. En el bien lineal, el resultado medio antes de la institución es dos por cero coma dos, igual a cero coma cuatro. Después, antes de costos institucionales, es dos por cero coma ocho, igual a uno coma seis. La ganancia productiva media es uno coma dos.

Si la vigilancia cuesta cero coma dos por persona, d vale un medio, f vale cero coma uno y la sanción destructiva F vale uno coma dos, la pérdida media por sanciones es uno coma dos multiplicado por la suma de cero coma uno por cero coma ocho y cero coma cinco por cero coma dos. Esa pérdida vale cero coma doscientos dieciséis. El resultado final medio es uno coma ciento ochenta y cuatro, superior al inicial en cero coma setecientos ochenta y cuatro.

La mejora de contribuciones fue una hipótesis de este balance; no la dedujimos de esos parámetros. Un estudio tendría que medirla o derivarla mediante una dinámica. Si el aumento observado fuera mucho menor, los mismos costos podrían superar la ganancia productiva.

La financiación debe aparecer en el balance desde el principio. Si el costo se paga con un fondo externo, habrá que incluir a quienes lo sostienen cuando se evalúa el resultado social amplio. Si las multas financian la institución, su éxito al reducir incumplimientos puede disminuir sus ingresos. Un presupuesto que depende de sanciones frecuentes puede crear incentivos distintos de los declarados.

También hay que considerar restricciones. Una multa puede ser imposible de cobrar a una persona sin recursos, o su costo subjetivo puede ser muy diferente entre participantes. El modelo de pagos lineales supone una valoración común de unidades que quizá no describa esas diferencias. Incorporarlas puede cambiar quién cumple y quién soporta las pérdidas.

Un análisis de sensibilidad puede variar la probabilidad de detección, el error de sanción y el costo administrativo. Si el resultado favorable desaparece ante cambios pequeños, la propuesta depende de estimaciones precisas. Si permanece en un rango amplio, la conclusión es más robusta dentro del modelo. Esa exploración debe orientar las decisiones, aunque no sustituye la medición empírica.

El tiempo también debe estar definido. Una institución puede aumentar cooperación después de varias rondas y producir pérdidas antes de estabilizarse. Si los participantes abandonan durante esa fase, el estado favorable nunca se alcanza. La viabilidad depende de recursos para sostener la transición y de expectativas suficientes para permanecer.

Finalmente, los objetivos deben declararse. Maximizar producción total, asegurar acceso equitativo y reducir errores de sanción pueden entrar en tensión. La teoría de juegos ayuda a describir esas tensiones y sus consecuencias, pero cuánto valor asignar a cada objetivo es una elección que pertenece a la evaluación social y política del problema.

10. La cooperación institucional como proceso sostenido

Los bienes públicos muestran que una acción puede aumentar el resultado total y reducir el pago de quien la realiza. Las instituciones pueden modificar esa comparación mediante vigilancia, sanciones, recompensas o acuerdos, aunque cada mecanismo introduce nuevas decisiones y costos. La tarea explicativa consiste en seguirlos más allá del momento en que aparece una desigualdad favorable a contribuir.

El bien lineal y el proyecto con umbral producen obstáculos diferentes. En el primero, cada aporte tiene el mismo retorno marginal. En el segundo, la ventaja depende de la probabilidad de ser decisivo y puede existir una cantidad eficiente de contribuyentes menor que el total del grupo. La coordinación de papeles es tan importante como la disposición a aportar.

Las sanciones pueden reducir la ventaja del incumplimiento, aunque su efecto depende de precisión y aplicación. El castigo entre pares puede generar un problema de segundo orden y consumir recursos en la propia ronda en que se aplica. Su beneficio potencial debe evaluarse a través de cambios posteriores, con atención a represalias y a sanciones dirigidas a contribuyentes.

La comunicación puede facilitar acuerdos y repartir cargas, pero su eficacia depende de información, expectativas y continuidad. Una rotación de responsabilidades puede distribuir costos de manera equilibrada en una secuencia completa, aunque necesite condiciones que sostengan cada paso. La institución debe funcionar durante la transición, además de describir un estado final deseable.

La elección entre instituciones añade aprendizaje y selección de participantes. Los experimentos permiten estudiar esas dinámicas en ambientes controlados y las replicaciones ayudan a evaluar su alcance. La evidencia gana valor cuando se distingue qué regla se probó, con qué población y mediante qué criterios de éxito.

El siguiente capítulo relacionará cambios dentro de grupos con diferencias entre grupos. Esa contabilidad permitirá examinar situaciones en las que una conducta pierde localmente y aumenta globalmente porque los grupos donde es más frecuente contribuyen más a la población siguiente. Con ella podremos estudiar la cooperación institucional sin confundir la productividad de un grupo, la ventaja individual y la transmisión de sus reglas.

Referencias

1. Fehr, E., y Gächter, S. (2002). Altruistic punishment in humans. Nature, 415, 137–140. https://doi.org/10.1038/415137a
2. Herrmann, B., Thöni, C., y Gächter, S. (2008). Antisocial punishment across societies. Science, 319(5868), 1362–1367. https://doi.org/10.1126/science.1153808
3. Ostrom, E., Walker, J., y Gardner, R. (1992). Covenants with and without a sword: Self-governance is possible. American Political Science Review, 86(2), 404–417. https://doi.org/10.2307/1964229
4. Gürerk, Ö., Irlenbusch, B., y Rockenbach, B. (2006). The competitive advantage of sanctioning institutions. Science, 312(5770), 108–111. https://doi.org/10.1126/science.1123633
5. Lo Iacono, S., Przepiorka, W., Buskens, V., Corten, R., van Assen, M., y van de Rijt, A. (2023). The competitive advantage of sanctioning institutions revisited: A multilab replication. PNAS Nexus, 2(5), pgad091. https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgad091